Derechos Subjetivos

Derechos Subjetivos

De los derechos subjetivos


Es corriente distinguir dos conceptos:


1) Derecho objetivo: Se entiende la norma jurídica, es decir, la regulación que hace la sociedad sancionando determinada conducta o valorizando una relación jurídica.

2) Derecho subjetivo: Es la facultad para actuar o potestad que un particular tiene, sancionada por una norma jurídica.

Lo que vamos a dedicar el estudio en esta parte es lo referente a los derechos subjetivos, pues desde el punto de vista objetivo ya lo analizamos en el estudio de la teoría de la ley.

Clasificación de los derechos subjetivos.


Los derechos subjetivos pueden clasificarse:

a. Atendiendo a su objeto y contenido: Pueden dividirse en:

1- Públicos.
2- Privados.

Esta clasificación atiende a la norma objetiva en que se fundan, es decir, si dicha norma es de derecho público, el derecho subjetivo que deriva de ella es público; si es de derecho privado, el derecho subjetivo fundado en ella es privado.

b. Atendiendo a su eficacia y naturaleza: Pueden dividirse en:

1) Absolutos: Son aquellos que deben ser respetados por todos. Normalmente implica una relación directa entre el titular del derecho y una cosa determinada. Por ejemplo, el derecho de propiedad.

2) Relativos: Son aquellos que sólo pueden hacerse valer contra personas determinadas. Por ejemplo, los derechos personales.

Otra clasificación:

1) Originarios: Son los que emanan de su titular y que antes no existían.

2) Derivados: Son los que antes pertenecían a otro titular.

También se distinguen entre:

1) Puros y simples: Son aquellos que pueden ejercerse sin previo cumplimiento de ningún requisito.

2) Sujetos a modalidad: Son aquellos que sólo pueden ejercerse previo cumplimiento de un determinado requisito, como el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo.

Finalmente, los derechos subjetivos pueden ser patrimoniales y extrapatrimoniales, es decir, esta distinción atienden si los derechos se relacionan con el patrimonio de su titular y que son apreciables en dinero.

Derechos patrimoniales: Son los únicos que pueden estar comprendidos en el patrimonio, y tienen las siguientes características:

1- Constituyen aquel contenido del patrimonio a que se refiere el art. 2465 del CC, que dice que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros. Pueden también ser objeto de la cesión de bienes.
2- Son transferibles.
3- Son apreciables en dinero.
4- Son, por regla general, transmisibles.
5- Pueden ser reales o personales.

Derechos extrapatrimoniales: Son aquellos que carecen de valor pecuniario, sin perjuicio que en caso de ser lesionados su titular pueda exigir la respectiva indemnización.

Comprenden dentro de esta denominación:

1- Los derechos personalísimos, ya que éstos son intransferibles, intransmisibles e inembargables.
2- Los derechos de familia, pero en lo que toca a las relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos. Las normas que regulan los regímenes de bienes del matrimonio establecen bienes y derechos patrimoniales.
3- Los derechos de la personalidad, ya vistos en el estudio de los atributos de la personalidad.

Nacimiento o adquisición de los derechos subjetivos.


Dijimos que los derechos subjetivos pueden ser originarios y derivativos. Pues bien, esta clasificación tiene importancia para el estudio del nacimiento o adquisición de tales derechos.
Para tales efectos, es necesario distinguir si se trata de derechos reales o de derechos personales.

1) Derechos personales: La mayoría de éstos nacen originariamente, pero también puede efectuarse la tradición de los mismos, lo que hace que su adquisición sea derivativa (art. 699 CC).

2) Derechos reales: La mayoría nacen derivativamente, los cuales requieren la presencia de un título que le sirva de antecedente y un modo de adquirir. Pero por otro lado, también existen derechos reales que nacen en su titular por medio de la ocupación, accesión y prescripción.


Transferencia y transmisión.


Se entiende por transferencia cuando el cambio en el titular en el derecho se verifica por un acto entre vivos. Siempre es a título singular.

La transmisión es el cambio de titular de un derecho que se produce por causa de muerte. Puede ser a título universal (herencia) o a título singular (legado).

En este cambio participan dos sujetos: el causante y el causahabiente.

Tanto la transferencia como la transmisión no alteran la extensión ni el contenido del derecho.

Debe señalarse que nadie puede transferir o transmitir más derechos que los que tiene, y que nadie puede adquirir más derechos que los que tenía el causante. Así se reconoce en los primeros incisos de los arts. 682 y 717 del CC.

Art. 682, inc. 1º. Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada.

Art. 717, inc. 1º. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios.

No obstante que la regla general sea que los derechos puedan transferirse y transmitirse, existen derechos que no pueden ser objeto de ello. Tales son los derechos personalísimos y los derechos de familia.

También hay derechos que pueden transferirse, pero no transmitirse. Ello ocurre con el derecho de usufructo, que se extingue con la muerte del usufructuario (art. 806 CC).

Finalmente, y a la inversa, existen derechos pueden ser objeto de transmisión, y no de transferencia, como sucede con el pacto de retroventa (art. 1884 CC).

Modificación de los derechos.


La modificación de un derecho consiste en las distintas alteraciones que puede sufrir.
La modificación puede ser subjetiva, es decir, cuando hay un cambio de los sujetos activo y pasivo del derecho; y puede ser también objetiva, cuando cambia el objeto del derecho.

En esta materia también cabe hacer la distinción entre derechos reales y derechos personales.

1) Derechos reales: Sólo pueden modificarse subjetivamente.

2) Derechos personales: Pueden modificarse mediante el cambio de sujeto activo del derecho (arts. 699 y 1901 CC) y también por el cambio del sujeto pasivo, que se hace por lo general en virtud de una novación por cambio de deudor (arts. 1628 y 1631 Nº 3 CC).

Las modificaciones objetivas pueden consistir en un cambio cuantitativo del derecho o en un cambio cualitativo del objeto. Así también puede llegar al cambio del objeto mismo, como en el caso de la subrogación real.

Extinción de los derechos.


En la extinción de los derechos debemos distinguir si se extinguen solamente para el titular que los detentaba o se extinguen definitivamente.

a. Se extinguen solamente para el titular: Ocurre con la transferencia y transmisión, recientemente visto.
b. Se extinguen definitivamente: Debemos hacer la distinción respecto de los derechos reales y de los derechos personales.

1) Derechos reales: Tenemos las siguientes situaciones:

1- Derechos que se extinguen con su titular, como el usufructo, el uso y la habitación.
2- Derechos que excepcionalmente se extinguen por haberse dejado de gozar, como las servidumbres.
3- Derechos que, siendo accesorios, se extinguen con la obligación que garantizan, como la prenda y la hipoteca.

2) Derechos personales: Pueden extinguirse:

1- Por condición resolutoria o por plazo extintivo.
2- Por acuerdo entre acreedor y deudor.
3- Por los modos de extinguir las obligaciones que establece el art. 1567 del CC.

Fuentes de los derechos subjetivos.


Las fuentes de los derechos subjetivos son los hechos de donde emanan.
Se distingue entre derechos reales y derechos personales.

1) Derechos reales: Tienen su origen en los modos de adquirir, que son: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva (art. 588 CC).

2) Derechos personales: Se originan en las fuentes de las obligaciones que señala el art. 1437 del CC. Tales son: los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, y la ley.

La teoría del abuso del derecho.


El ejercicio de los derechos subjetivos y sus límites ha sido un problema que se analiza desde dos aspectos:

1- Si el titular del derecho puede ejercerlo sin limitación alguna.
2- Que puede ejercitarlo, culpable o dolosamente, infiriendo un daño a un tercero.

De estos dos supuestos se ha dado más relevancia al segundo. La idea tradicional ha establecido que si uno actúa dentro de su derecho no incurre en responsabilidad; ella sólo es posible si los límites del derecho se han sobrepasado.

Otro problema que surge consiste en determinar en qué momento el ejercicio de un derecho llega a ser abusivo. Dos criterios han respondido esta interrogante:

1) Criterio subjetivo: Ligan la existencia de culpa para establecer si hay abuso, aplicando entonces las normas de la responsabilidad extracontractual.

2) Criterio objetivo: Se estima que hay abuso si el derecho no se ejerce de acuerdo a su función social.

El profesor Ducci se adhiere al criterio de Planiol al decir que el abuso del derecho es una antinomia. El que abusa de su derecho no está ejercitando su derecho subjetivo, porque, normalmente, ningún derecho autoriza el abuso.

Entonces, para no llegar al ejercicio abusivo de los derechos subjetivos, se han establecido limitaciones que se agrupan en dos grandes categorías: las limitaciones intrínsecas y las limitaciones extrínsecas.

Limitaciones intrínsecas: Son aquellas que son inherentes al derecho mismo y a la forma en que debe ejercerse.

Dichas limitaciones son:

1- La naturaleza o contenido del derecho, es decir, que la facultad de su titular no puede ir más allá de aquello a que su propio derecho lo autoriza (arts. 764 y 1496 CC).

2- La buena fe. El ejercicio de mala fe está más allá de lo que el derecho autoriza y no tiene protección jurídica (arts. 1546, 1617 Nº 5, 1661, 1683, 1685, 1814
y 2468 CC).
3- El ejercicio debe conformarse a su función social. La anormalidad en este caso sería la alteración de la finalidad del derecho (arts. 600, 601, 930, 932, 937, 948, 2003 números 3 y 4 del CC, 279, 280 y 524 del CPC).

Limitaciones extrínsecas: Aparecen cuando el derecho se desenvuelve en el medio social.

Tales limitaciones son:

1- El respeto a la buena fe de terceros (arts. 94 Nº 4, 1432, 1490 y 1491, 1576
Nº 2, 1578, 2058, 2173, 2301, 2302 y 2303 CC).
2- La concurrencia de derechos sobre un objeto único, como el usufructo al concurrir los derechos del nudo propietario y del usufructuario (art. 765, inc. 1º CC).
3- La colusión de derechos independientes, en los cuales se producen diversas hipótesis:

- Colusión entre derechos reales y personales (arts. 792, 1962, 2401, 2476 y
2478 CC).
- Colusión entre derechos reales de la misma naturaleza (arts. 2477 y 1817 CC).
- Colusión de derechos de distinta jerarquía y naturaleza (arts. 894, 669, 725, 922, 1120, 1337 Nº 5, 1370, 1815, 2185 y 2499 CC).
- Colusión de derechos de la misma jerarquía, pero de distinta entidad (prima siempre el de mayor entidad) (arts. 894 y 780 CC).
- Colusión de derechos personales entre sí, que la regla general es que gozan de igualdad entre sí y se pagan a prorrata (arts. 2489 y 1374 CC). Excepción: los créditos privilegiados (art. 2471 CC).

Relación Jurídica

Relación Jurídica

Teoría de la relación jurídica.


De la relación jurídica de derecho privado


Generalidades.


El derecho en sí mismo es el conjunto de relaciones entre hombres que una sociedad establece como necesarias.

El derecho está conformado por dos elementos indispensables:

1) Elemento material: Es el que está constituido por las relaciones entre los hombres.

2) Elemento formal: Lo constituye la necesidad socialmente establecida de tales relaciones.

Dada esta definición de derecho, analicemos los siguientes aspectos:

a. El derecho constituye una idea de relación: Se trata de dos términos que se influyen recíprocamente.

Toda relación requiere la concurrencia de dos o más miembros entre las cuales ellas se establecen.

Las relaciones pueden ser de la más diversa naturaleza o de los más variados contenidos, en las cuales siempre concurrirá un sujeto activo y un sujeto pasivo.

El derecho regula la conducta de los hombres, y hablamos en plural porque el hombre aislado es ajeno al derecho. Por ejemplo, a Robinson Crusoe, solitario en su isla, el derecho es innecesario y desconocido.

Tampoco pueden considerarse jurídicas las relaciones entre entes espirituales o del hombre con ellas. No son jurídicas las relaciones del hombre con Dios.

b. El derecho está constituido por aquellas relaciones entre los hombres que una determinada sociedad establece como necesarias: Estamos empleando un término estricto, es decir, la sociedad las establece como necesarias en tal medida que si ellas no se desarrollan en la forma establecida acarrean una sanción.

También existen relaciones cuyo incumplimiento no está coaccionado, como los usos sociales, la moralidad y la ética.

Al decir que las relaciones son establecidas por la sociedad, no significa que ellas tengan un carácter normativo. Podemos aceptar que existen relaciones jurídicas no formuladas, que existen de hecho en toda sociedad, como aquellas que nacen de la costumbre y de la equidad.

c. La relación jurídica es necesaria: Significa que el hombre debe realizar necesariamente esa conducta jurídica.

Esto se revela en dos proposiciones que escapan a la libertad individual:

1- La ignorancia del derecho no excusa de su cumplimiento (art. 8º CC).
2- La disconformidad con el derecho no libera de su cumplimiento (arts. 1º y 14 CC).

El derecho se encuentra dentro del ámbito del deber ser, es decir, pueden o no cumplirse las normas jurídicas, siendo éstas obligatorias; pero ello no implica que no sea necesaria en la forma que ha sido regulada. Toda conducta debe ajustarse a derecho, pues de lo contrario ella traerá aparejada una sanción.

Contenido de la relación jurídica.


Como la relación jurídica constituye una relación de la vida ordenada por el derecho, encontramos en ella dos posiciones:

1) Posición activa o de poder: La idea de poder implica el concepto de facultad, que es la que tiene el titular del poder jurídico antes de ejercitarlo, la posibilidad de hacer efectivo ese poder.

2) Posición pasiva o de deber: El deber jurídico implica para su titular una pérdida de libertad, de sujeción. Si no cumple el deber jurídico, aparece la responsabilidad.

Esta relación entre el poder y el deber jurídicos constituye el vínculo jurídico.
La relación jurídica, como veremos está constituida por tres elementos:

1- Los sujetos de la relación.
2- El objeto sobre el cual ella recae.
3- La actividad o prestación, que constituye su contenido.
3. Clasificaciones de la relación jurídica.

La relación jurídica se puede clasificar en distintos puntos de vista:

a. Relaciones puramente declarativas y relaciones jurídicas creativas: Las primeras serían, por ejemplo, una convención declarativa o una sentencia de mera declaración.

Las relaciones jurídicas creativas son aquellas que no sólo constituyen sino también las que modifican o extinguen una realidad jurídica.

b. Desde el punto de vista de que una relación jurídica integra el contenido de una situación de derecho determinada: Se distingue entre:

1- Relaciones jurídicas originarias, de las cuales nacen a la vida del derecho con ciertos poderes y ciertos deberes.
2- Evolución de la relación jurídica, que se marca por las situaciones de desarrollo. 3- Conclusión de la relación jurídica, que constituye las relaciones de terminación.

c. Relaciones jurídicas reales y relaciones jurídicas personales: En las primeras se resuelve un problema de atribución de bienes. Tienen por base un derecho real, que lo define el art. 577 del CC.

Art. 577. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales.

En las relaciones jurídicas personales, en cambio, se resuelve un problema de cooperación o de reparación y tienen como antecedente un derecho personal, que lo define el art. 578 del CC.

Art. 578. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.

A diferencia del derecho real, el derecho personal tiene por objeto una prestación debida por un miembro social en el interés de otro.

Los derechos reales están enumerados por la ley; las partes no pueden crear derechos reales. En cambio, los derechos personales son indeterminados en cuanto a su número, pues las partes pueden crearlos voluntariamente.

Todo lo que nos hemos referido ha sido dentro de los límites patrimoniales.

Existen otras relaciones jurídicas que se denominan de familia, que se refiere a los deberes personales de los cónyuges y a las obligaciones de los padres respecto de sus hijos. Su contenido lo establece la ley y se llega a ellas como consecuencia inherente a una situación de estado civil.


Orígenes de la relación jurídica.


Para saber cuál es el origen o fuente de la relación jurídica, debemos distinguir la clase de relación jurídica. Así:

1- Las relaciones jurídicas de contenido real nacen a través de un modo de adquirir.
2- Las relaciones jurídicas de contenido personal tienen su origen en las fuentes de las obligaciones.
3- Las relaciones de familia se originan cuando se constituyan un estado civil al que la ley asigna determinadas consecuencias jurídicas.

Pero más allá de esta distinción es necesario considerar que las relaciones jurídicas pueden nacer de hechos humanos voluntarios o de simples hechos naturales, de lo cual tiene enorme importancia para determinar si procede analizar su licitud o ilicitud.


Actos lícitos e ilícitos.


Muchas veces se considera que lo ilícito se relaciona necesariamente con un acto contrario a la ley, concepto que en realidad tiene una mayor extensión en el derecho.

Diversas disposiciones del Código Civil se refieren a la ilicitud como todo aquello que es contrario a las leyes, a las buenas costumbres y al orden público.

Pero la ilicitud tiene significados más amplios. Se dice que ella provendrá de no actuar en la vida jurídica con aquella buena fe.

También es necesario recalcar que no toda conducta antiética o inmoral es necesaria o generalmente ilícita; eso llevaría a confundir el derecho con la moral.

Una relación jurídica inicialmente lícita puede transformarse en ilícita si uno de los sujetos pierde la buena fe, como así sucede en el art. 2301 del CC.

Art. 2301. El que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya; salvo en cuanto le hayan hecho más rico.

Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe.

Sin embargo, la licitud e ilicitud tiene un alcance más limitado. Se habla de actos ilícitos precisamente cuando la ilicitud de la conducta es la que da nacimiento a la relación jurídica.

Tratándose de los hechos jurídicos naturales no se puede hablar de conducta lícita o ilícita, pues en ellos no interviene la voluntad ni la capacidad. Por lo tanto, dicha clasificación se admite solamente en los hechos jurídicos voluntarios, a los que la ley atribuye un efecto no querido por su autor, siendo éstos calificados de delitos o cuasidelitos civiles.

No se aplica esta distinción de actos lícitos e ilícitos en los actos jurídicos porque éstos dan nacimiento a una relación jurídica independientemente de algún valor ilícito que puedan contener.

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas

De las personas jurídicas.


Las personas jurídicas son entidades colectivas que tienen una personalidad propia, independiente de la personalidad individual de los seres que las componen.

Existen diversas teorías que explican y fundamentan la existencia de las personas jurídicas en la vida del derecho.

a. Teoría de la ficción: Su principal exponente fue Savigny, y para él las personas jurídicas son seres creados artificialmente capaces de tener un patrimonio. Son entes que carecen de voluntad pero que la ley se la atribuye ficticiamente al otorgarle personalidad jurídica.

b. Teoría organicista: Concibe a la persona jurídica como un ente real, semejante a la persona física, orgánico, unitario y, como tal, dotado de vida natural.

c. Teoría espiritualista: Las personas jurídicas están dotadas de un alma, de una voluntad distinta de la voluntad de las personas que las componen.

d. Teoría de la finalidad: Su precursor fue Brinz, quien concibe a la persona jurídica como un patrimonio que está destinado a la realización de un fin.

La teoría que acepta nuestro Código Civil es la de la ficción, en virtud de lo dispuesto en el art. 545.

Art. 545. Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.

Clasificación de las personas jurídicas.


La primera gran clasificación de las personas jurídicas se distingue entre:

a. Personas jurídicas de derecho público: Son aquellas que persiguen un fin de carácter público que afecta los intereses del Estado. Son creadas y reguladas por leyes especiales (art. 547, inc. 2º CC).

Art. 547, inc. 2º. Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas, y los establecimientos que se costean con fondos del erario: estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales.

b. Personas jurídicas de derecho privado: Son aquellas que buscan satisfacer un interés privado.
Estas personas a su vez pueden ser:

1) Con fines de lucro: Están constituidas por sociedades industriales; no están reguladas en el Título XXXIII del Libro I del CC, sino que en otros títulos y en el Código de Comercio (art. 547, inc. 1º).

Art. 547, inc. 1º. Las sociedades industriales no están comprendidas en las disposiciones de este título; sus derechos y obligaciones son reglados, según su naturaleza, por otros títulos de este Código y por el Código de Comercio.

2) Sin fines de lucro: Pueden ser corporaciones o fundaciones.

Personas jurídicas con fines de lucro.


Las personas jurídicas con fines de lucro, o sociedades, pueden ser de dos clases:

1) Civiles: Son aquellas cuya regulación se encuentra en el Código Civil (arts. 2053 y ss.)

2) Comerciales: Son aquellas que están destinadas a realizar actos de comercio. Están reguladas en el Código de Comercio y otras leyes especiales.

A su vez, estas personas pueden clasificarse de acuerdo al grado de responsabilidad de sus socios o de formación de capital social. Éstas son:

1) Sociedades colectivas: Pueden ser civiles o comerciales. Son aquellas en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo (art. 2061, inc. 2º CC).
Además, los socios responden personal e ilimitadamente de las obligaciones sociales cuando el patrimonio social es insuficiente para solventarlas.

2) Sociedades de responsabilidad limitada: Son aquellas sociedades colectivas en que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes (Ley Nº 3.918).

3) Sociedades en comandita: Son aquellas en las que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o sus delegados y en su nombre particular (art. 470 C. de Comercio).

4) Sociedades anónimas: Son aquellas formadas por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables (arts. 2061, inc. final CC y 1º Ley Nº 18.046).

5) Sociedades por acciones: Son personas jurídicas creadas por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo con los preceptos que establece el Código de Comercio, cuya participación en el capital es representada por acciones (art. 424 C. Comercio).

6) Empresas individuales de responsabilidad limitada: Son aquellas personas jurídicas con patrimonio propio distinto al del titular, son siempre comerciales y están sometidas al Código de Comercio cualquiera que sean sus objetos; podrán realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas (art. 2º Ley Nº 19.857).

Personas jurídicas sin fines de lucro.


Como dijimos, las personas jurídicas sin fines de lucro están constituidas por las corporaciones y fundaciones.

Las corporaciones son personas jurídicas formadas por un cierto número de individuos asociados para la realización de un fin común que no tenga el carácter de lucro.

Las fundaciones están constituidas por un conjunto de bienes destinados a un fin de interés general.

Por tanto, la principal diferencia entre ambas es en cuanto a la subsistencia. Las corporaciones requieren de la reunión de personas; en cambio para las fundaciones es indispensable la existencia de bienes (art. 564 CC), y las personas sólo lo serán para su administración.

Art. 564. Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención.

Otra diferencia la encontramos en el fin que persiguen estas personas jurídicas. Si bien ambas son sin fines de lucro, las corporaciones buscan el bienestar de sus asociados, mientras que los fines de las fundaciones son en interés de personas indeterminadas.

Las corporaciones.


Las corporaciones se constituyen por ley o a través de la aprobación del Presidente de la República, conforme al art. 546 del CC. Para el segundo caso, su constitución se rige por el Reglamento Nº 110 sobre Concesión de Personalidad Jurídica.

La constitución es siempre solemne, ya que deberá constar en escritura pública, la cual deberá contener las indicaciones que señalan los arts. 4º, 9º y 10 del Reglamento y deberá ser aprobada por el Presidente de la República.

Art. 4º. Los estatutos de toda corporación deberán contener:

1. La indicación precisa del nombre y domicilio de la entidad;
2. Los fines que se propone y los medios económicos de que dispondrá para su realización;
3. Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones, las condiciones de incorporación y la forma y motivos de exclusión, y
4. Los órganos de administración, ejecución y control, sus atribuciones y el número de miembros que los componen.

Art. 9º. Las disposiciones de los artículos 10 a 19 de este Reglamento deberán contenerse en los estatutos de toda corporación; pero salvo las de los incisos segundos de los artículos 11, 17 y 18, podrán ser modificadas o sustituidas por otras que reglamenten las materias a que ellos se refieren.
Sin embargo, las corporaciones que lo soliciten podrán sujetarse a las normas de un estatuto tipo aprobado por decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo de Defensa del Estado.

Art. 10. El Directorio de una corporación se elegirá anualmente en una Asamblea General ordinaria, en la cual cada miembro sufragará por una sola persona, proclamándose elegidos a los que en una misma y única votación resulten con el mayor número de votos, hasta completar el número de directores que deban elegirse.

Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y se encargarán de regular la forma en que se manifestará la voluntad de la corporación (art. 550 CC).

Art. 550. La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera.

La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren a este respecto.

Las corporaciones son representadas por las personas designadas al efecto por la ley o los estatutos y sus actos son actos de la corporación en cuanto no excedan los límites de su mandato.

Los estatutos de una corporación pueden reformarse, pero dichas modificaciones deberán ajustarse a lo que dispongan los estatutos y no podrán alterar sustancialmente sus fines estatutarios y corresponderá al Presidente de la República calificar si concurre o no dicha circunstancia (art. 24 del Reglamento).

Finalmente, las corporaciones pueden disolverse:

1- Por su propia voluntad, pero no requerirá la aprobación del Presidente de la República (arts. 559 CC y 25 del Reglamento).
2- Por disposición de la autoridad o por ley, aun contra la voluntad de sus miembros, si llegan a comprometer la seguridad o intereses del Estado, o no corresponden al objeto de su institución (art. 559, inc. final CC).
3- Cuando falten todos sus miembros o queden reducidos a tan corto número que no puedan ya cumplirse los objetos para que fueron instituidas (art. 560 CC).

Una vez disuelta la corporación se dispondrá de sus bienes en la forma prescrita en los estatutos; si éstos nada han dispuesto, sus propiedades

pertenecerán al Estado, con la obligación de emplearlas en objeto análogos de la institución, correspondiendo al Presidente de la República señalarlos (art. 561).

Las fundaciones.


En general, la reglamentación de las corporaciones se aplica también a las fundaciones (arts. 563 CC y 30 del Reglamento).

Las fundaciones se constituyen por la voluntad de su fundador, y su existencia tendrá que ser aprobada por el Presidente de la República. Se regirán por los estatutos dictados por el fundador, y en su defecto, por lo que determine el Presidente de la República (art. 562 CC).

Por tanto, para que exista una fundación, es indispensable la voluntad del fundador, quien puede crearla de la siguiente manera:

1- Por medio de una asignación testamentaria (art. 963 CC).
2- Por un acto entre vivos que consistirá en una declaración unilateral de voluntad del fundador.

Este último caso debe ser siempre un acto solemne, para lo cual deberá acompañarse una copia autorizada del instrumento público en que consten el acto de fundación, los estatutos y el poder de la persona que la solicita (art. 30 en relación con el art. 3º del Reglamento).

Otra diferencia con las corporaciones es que las fundaciones tienen una causal especial de disolución, la cual es por la destrucción de los bienes destinados a su manutención (art. 564 CC).

Atributos de las personas jurídicas.


Los atributos de la personalidad de las personas naturales no podemos asignarlos en igual forma ni en su totalidad a las personas jurídicas. Éstas no tienen estado civil y veremos que se le aplican reglas especiales en el nombre, nacionalidad, capacidad y domicilio.

a. Nombre y domicilio: Las corporaciones y fundaciones establecen su nombre y domicilio desde su origen (arts. 4º Nº 1 y 31 letra a) del Reglamento).
Tratándose de las sociedades el Código Civil no tiene normas directas, pero da por sentado que debe existir una firma o razón social (art. 2062).

Art. 2062. Se prohíbe a los socios comanditarios incluir sus nombres en la firma o razón social, y tomar parte en la administración.
La contravención a la una o la otra de estas disposiciones les impondrá la misma responsabilidad que a los miembros de una sociedad colectiva
Se refieren al nombre y domicilio de las sociedades las siguientes normas:

1- Art. 352 del C. de Comercio respecto de las sociedades colectivas.
2- Art. 474 del C. de Comercio tratándose de las sociedades en comandita.
3- Art. 4º de la Ley Nº 18.046 en lo que respecta a las sociedades anónimas.
4- Art. 425 del C. de Comercio sobre las sociedades por acciones.
5- Art. 4º de la Ley Nº 19.857 respecto de las empresas individuales de responsabilidad limitada.

b. Nacionalidad: La nacionalidad de una persona jurídica puede tener importancia cuando ella actúa en otro país y puede plantearse internacionalmente el problema del derecho aplicable en caso de controversia.
Tradicionalmente existían dos criterios distintos para determinar la legislación aplicable a la controversia:

1) El criterio de la sede social: Una sociedad tiene la nacionalidad del país en que está ubicada la casa matriz.

2) La teoría del control: La nacionalidad de una sociedad está determinada por la nacionalidad de las personas que controlan sus decisiones. Este ha sido el criterio que ha tenido influencia en nuestra legislación.
A juicio del profesor Ducci, estima que la nacionalidad chilena de las personas jurídicas la va a determinar su constitución, o autorización, en Chile.

c. Patrimonio: Es tal vez la noción de patrimonio la que hace posible la comprensión en derecho de la persona jurídica, ya que es éste el elemento que la hace diferenciar de las personas naturales. Recordemos la disposición del art. 549 del CC.

Art. 549. Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una corporación, no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria, si se estipula expresamente la solidaridad.

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.

Si una corporación no tiene existencia legal según el artículo 546, sus actos colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente.

Dijimos que una de las características del patrimonio de las personas naturales es la de contar con un activo y pasivo, y que no es indispensable el saldo positivo para decir que una persona natural tiene patrimonio. Pues bien, en las personas jurídicas resulta necesario que su patrimonio contenga bienes, ya que su existencia depende de ellos. Vale recordar lo que dice el art. 564 del CC sobre la disolución de las fundaciones cuando éstas carecen de bienes para su manutención; los arts. 2100 del CC y 407 del C. de Comercio también señalan que las sociedades colectivas se disuelven por su insolvencia y por la extinción de la cosa o cosas que forman su objeto social.

d. Capacidad: Conforme a la definición de persona jurídica que nos da el art. 545 del CC, nos señala que son capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles.
Sin embargo, por naturaleza propia de las personas jurídicas su capacidad se limita solamente al ejercicio de los derechos patrimoniales y no los de familia (las personas jurídicas no pueden contraer matrimonio); también se excluye el ejercicio de algunos derechos personalísimos, como el de uso y habitación; y el derecho de desempeñar algunos cargos, como ser guardadores (salvo los bancos comerciales).
En general, la capacidad de una persona jurídica se encontrará además determinada y subordinada a su tipo y finalidad.

Responsabilidad civil de las personas jurídicas.


En la responsabilidad civil de las personas jurídicas debemos distinguir si se trata de responsabilidad contractual o extracontractual:

a. Responsabilidad contractual: Las personas jurídicas responden de todas las obligaciones contraídas en su nombre por sus representantes si éstos han obrado dentro de los límites de su mandato.

El art. 545 del CC señala que las personas jurídicas son capaces de contraer obligaciones civiles, por lo cual tiene capacidad para contratar.

El art. 552 agrega que los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos límites, sólo obligan personalmente al representante.

Por lo tanto, la persona jurídica está obligada al cumplimiento de sus obligaciones; en caso contrario será civilmente responsable por los daños derivados del incumplimiento, debiendo pagar las indemnizaciones que procedan.

b. Responsabilidad extracontractual: Si la persona jurídica puede contraer obligaciones civiles, no hay razón alguna para limitar esta capacidad a una sola de las fuentes de las obligaciones, ni tampoco para excluir a una de dichas fuentes.

En cuanto al daño que causen las personas, la responsabilidad puede ser:

1) Por hecho propio: Las personas jurídicas incurren en responsabilidad civil extracontractual por los daños que produzca su actividad, realizada por intermedio de cualquiera de las personas que la componen, tengan o no su representación.

2) Por el hecho ajeno: La disposición general se encuentra en el art. 2320 del CC.

Art. 2320. Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.

Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.

Se entiende por empresario la persona natural o jurídica que ejecuta una obra o explota un servicio público, y los dependientes son los que están a su servicio. Por tanto, resulta que la responsabilidad del empresario puede existir mientras los dependientes estén a su cuidado y cesa cuando no están a su servicio; y más aun, la responsabilidad del empresario puede cesar si empleó la debida vigilancia y cuidado y no obstante no pudo impedir el hecho.
También es aplicable la norma del art. 2322.

Art. 2322. Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista.

Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente. En este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes.

Aquí también la responsabilidad cesa si el amo prueba que el criado ejerció sus funciones de un modo impropio que el primero no tenía medio de prever o impedir.

Atributos del la Personalidad

Atributos del la Personalidad

De los atributos de la personalidad.


Los atributos de la personalidad son ciertas cualidades o propiedades y derechos o cargas inherentes a toda persona y les permite actuar en la vida del derecho.

Al ser “inherentes” significa que los atributos no pueden ser negados a una persona, ni ésta tampoco puede despojarse de ellos.

Desde el punto de vista económico se trata de bienes extrapatrimoniales, por lo que no tienen un valor económico directo; pero ello no impide que el titular pueda pedir una indemnización cuando éstos resulten ser lesionados.

Vale señalar que no debemos confundirlos con los derechos de la personalidad, que son aquellos esenciales o absolutos que pueden ejercerse eventualmente y están destinados a proteger elementos que la constituyen, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
Toda persona natural, por el hecho de ser tal, tiene los siguientes atributos:

1) El nombre.
2) La capacidad.
3) La nacionalidad.
4) El domicilio.
5) El estado civil.
6) El patrimonio.
7) Los derechos de la personalidad.

El nombre.


El nombre es la designación que sirve para individualizar a una persona en la vida social y jurídica. No está regulado en el Código Civil.

El nombre está constituido por dos elementos que permiten individualizar a una persona en el cuerpo social:

1) Nombre propiamente tal: Individualiza a una persona dentro del grupo familiar.
2) Los apellidos, nombre patronímico o de familia: Señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado.

El nombre, al ser un bien extrapatrimonial, tiene las siguientes
características:

1- Es indivisible.
2- Es irrenunciable.
3- Es imprescriptible.
4- Es incomerciable.
5- Es intransferible e intransmisible.
6- Es inembargable.
7- Es inmutable.

En cuanto a la adquisición del nombre, lo normal es que sea por filiación, es decir, el hijo de filiación matrimonial tiene el nombre que el padre y/o madre les asignen y el patronímico formado por los apellidos de ambos; en cambio los hijos de filiación no matrimonial tendrán el apellido de los padres que los hayan reconocido. También los hijos adoptivos pueden tomar los apellidos de sus adoptantes.

Dijimos que el nombre tiene el carácter de inmutable, sin embargo con la Ley Nº 17.344 esa situación cambió. Esta norma consagra el derecho de una persona de usar los nombres y apellidos con que haya sido inscrita, pero autoriza su cambio, por una sola vez, por alguna de las siguientes razones:

1- Si menoscaban moral o materialmente a la persona (ridículos, risibles, etc.)
2- Cuando una persona ha sido conocida por un nombre distinto en la vida civil durante más de cinco años.
3- En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales.

Una persona también puede ser conocida por su seudónimo, que es un nombre imaginario que voluntariamente adopta una persona para esconder o caracterizar su verdadera personalidad en una actividad determinada. Generalmente se usa para obras literarias, artísticas, musicales, etc.

La capacidad.


La capacidad es aquel atributo de la personalidad que consiste en la posibilidad de ser titular de derechos y de ejercerlos personalmente, de tal manera que la capacidad tiene dos aspectos:

1) Capacidad de goce: Es la posibilidad de ser titular de derechos.

2) Capacidad de ejercicio: Es la facultad para ejercitar los derechos personalmente.

Todas las personas tienen capacidad de goce por ser tales, pero no todas poseen capacidad de ejercicio. Por lo tanto se hace distinción entre capaces e incapaces.

La regla general es la capacidad, conforme a lo dispuesto en el art. 1446 del CC.

Art. 1446. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces.

El art. 1447 señala los casos de incapacidad, estableciendo dos tipos de ella:

1) Incapacidad absoluta: Son incapaces absolutos los que no pueden actuar nunca personalmente en la vida jurídica; pueden actuar sólo por representación.
Son absolutamente incapaces:

-Los dementes: Son los seres privados de razón.
-Los impúberes: Son el hombre que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12.
-Los sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

2) Incapacidad relativa: Son relativamente incapaces los que, además de actuar representados, pueden actuar personalmente si son debidamente autorizados.
Son relativamente incapaces:

-Los menores adultos: Son el hombre que tiene entre 14 y 18 años y la mujer que tiene entre 12 y 18.
-Los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo: Conforme a lo que establece el art. 445 del CC, el disipador es el que manifiesta una total falta de prudencia por actos repetidos de dilapidación.

En los actos de los incapaces, tanto absolutos como relativos, intervienen los representantes legales, que son el padre o la madre, el adoptante y el tutor o curador (art. 43 CC).

Finalmente, el inc. final del art. 1447 se refiere a otras incapacidades particulares, que en verdad son prohibiciones impuestas a determinadas personas para realizar ciertos actos, como las normas de capacidad de la compraventa (arts. 1796 a 1800).

La nacionalidad.


La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado.

Este vínculo crea derechos y deberes entre el Estado y el sujeto:

1) Deberes del sujeto: Generalmente se establecen en las leyes, y consisten generalmente en defender y prestar determinados servicios al Estado y en respetar su ordenamiento jurídico (arts. 22 y 23 de la Constitución).

2) Deberes del Estado: Son de carácter constitucional, y consiste en respetar las garantías reconocidas en el art. 19 de la Constitución.

El art. 56 del CC señala que son chilenos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros.

El art. 57 dispone que la ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.

Excepciones a este principio:

1- Se limita sólo a las personas chilenas la ocupación a cualquier título de ciertas tierras fiscales (art. 6º DL Nº 1.939).
2- El art. 15 del CC, referente a la extraterritorialidad de la ley, solamente obliga a los chilenos.
3- El art. 998 del CC que da cierta protección a los herederos chilenos en la sucesión de un extranjero que se abra dentro o fuera de Chile.
4- El art. 1012 Nº 2 del CC prohíbe a los extranjeros no domiciliados en Chile ser testigos de un testamento.

El domicilio.


El domicilio es el asiento jurídico de una persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

También lo define el Código Civil en su art. 59, dividiéndolo además en político y civil.

Art. 59. El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.
Divídese en político y civil.

1) Domicilio político: El art. 60 nos dice que es aquel relativo al territorio del Estado en general.
No se refiere a los derechos de esa designación, sino que una persona se encuentra vinculada al país, a la sociedad chilena. Los chilenos lo tienen por origen, los extranjeros por el hecho de habitar en Chile.

2) Domicilio civil: Es el que define el art. 59, el cual establece dos elementos:

-Uno objetivo: Consiste en la residencia.
-Uno subjetivo: Es el ánimo, real o presuntivo, de permanecer en ella.

El elemento más importante es el subjetivo: puede haber ánimo sin residencia, pero la sola residencia sin ánimo no puede constituir domicilio.
Tenemos aquí que distinguir tres conceptos distintos:

1) Habitación o morada: Es una relación de hecho de una persona con un lugar donde permanece y generalmente pernocta, pero puede ser accidental, ocasional o transitoria. Por ejemplo, pasar la noche en un hotel.

2) Residencia: Desaparece el aspecto transitorio u ocasional, ya que implica la idea de permanencia física de una persona en un lugar determinado en forma permanente o habitual. Como dispone el art. 68 del CC, la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tengan domicilio en otra parte.

3) Domicilio: Es la intención de la persona de tener el lugar de su residencia como asiento de su vida social y jurídica.

Lo más común es que el elemento objetivo coincida con el subjetivo. Por eso es que el art. 62 del CC dispone que el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.
30.1. Presunciones de domicilio.
El Código Civil establece dos clases de presunciones de domicilio o ánimo:

1) Positivas: Tenemos la que establece el art. 62 ya mencionado; y también las del art. 64.

Art. 64. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas.

2) Negativas: El Código las establece en los arts. 63 y 65.

Art. 63. No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere, consiguientemente, domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.

Art. 65. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior.

Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o desterrado de la misma manera fuera de la República, retendrá el domicilio anterior, mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios.


Clasificación del domicilio.


Una primera clasificación fue la que vimos entre el domicilio político y civil, pero también se distinguen otras clasificaciones.

a. Domicilio general y especial: El domicilio general es el normal de una persona para todas sus relaciones jurídicas. El domicilio especial se refiere sólo a ciertas relaciones determinadas, como para la fianza (art. 2350) o para materias procesales (art. 49 CPC).

b. Domicilio legal, convencional y real: El domicilio legal es aquel impuesto por la ley a determinadas personas, como los casos de los arts. 72 y 73 del CC.

Art. 72. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno o materno, según el caso, y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador.

Art. 73. El domicilio de una persona será también el de sus criados y dependientes que residan en la misma casa que ella; sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos precedentes.

También la ley establece domicilios para el desempeño de algunos cargos. El art. 64 del CC establece la presunción del que tiene un cargo concejil o un empleo fijo de los que se confieren por largo tiempo; el art. 66 determina el domicilio de los eclesiásticos; y el art. 311 del COT dispone que los jueces están obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios.

El domicilio convencional lo establece el art. 69 del CC.

Art. 69. Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato.

La particularidad de este domicilio es que no puede ser modificado unilateralmente ya que forma parte del contenido del contrato, de acuerdo a los arts. 1545 y 1546 del CC.

Cabe agregar que si una de las partes se ha cambiado de domicilio durante el tiempo de la ejecución del contrato, de todas maneras el pago se debe efectuar en el lugar que sin esa mudanza correspondería (art. 1589).

Sin embargo, el domicilio convencional presenta dos limitaciones:

1) En cuanto a la materia: Sólo se aplica a los efectos derivados del contrato.

2) En cuanto al tiempo: Sólo durará mientras tenga efecto el contrato.

Por su parte, el domicilio real es el que constituye la regla general y el que resulta de la definición del art. 59 del CC. Al ser la regla general, será aplicable de manera supletoria, es decir, cuando el sujeto no esté sometido a ninguna de las reglas de domicilio especial.

Como este domicilio nace de un hecho voluntario de la persona, puede existir un cambio de éste. Ello sucederá cuando haya un cambio real y efectivo de sus elementos constitutivos. Consecuencia de ello es que nos lleva al análisis de la prueba del domicilio. Lo normal es que una persona no necesita probar su cambio de domicilio ya que está amparada por la presunción del art. 62 del CC.

Art. 62. El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.

Pero no siempre el cambio de domicilio produce efectos jurídicos. De hecho el art. 1589 dispone que el cambio de domicilio de una de las partes del contrato al tiempo de su ejecución no significa que el lugar del pago se traslade al nuevo domicilio; también el art. 49 del CPC establece que el cambio de domicilio determinado en la primera gestión del juicio se mantendrá subsistente, aun cuando de hecho cambie de morada.

Pluralidad de domicilios.


Nuestro Código Civil, apartándose del francés, acepta la pluralidad de domicilios en el art. 67.

Art. 67. Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo.

Lo trascendental de la pluralidad de domicilios es que hace concordante la posibilidad de un domicilio convencional, que en muchos casos puede ser ficticio.

Importancia del domicilio.


La principal importancia del domicilio es que fija para las personas el lugar en que habitualmente deben ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, los arts. 1587 a 1589 del CC señalan el lugar donde debe efectuarse el pago, y en lo que respecta a las obligaciones de género éstas deben pagarse en el domicilio del deudor.

Otras importancias:

1- La apertura de la sucesión se efectuará en el último domicilio que tenía el causante (art. 955).
2- Determina la competencia del tribunal. El art. 134 del COT dispone que en general será juez competente para conocer una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso el del domicilio del demandado o interesado.
3- En materia de estado civil la posesión notoria del carácter de cónyuge o de hijo debe haberse desarrollado ante el vecindario del domicilio (arts. 200 y 310 del CC).
4- Las inscripciones en el Registro Conservatorio y en el Registro Civil deben consignarse el domicilio de las partes.

El estado civil.


El estado civil lo define el art. 304 del CC.

Art. 304. El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.

Críticas a esta definición:

1- No señala la calidad de individuo a que se está refiriendo, por lo que se acerca más al concepto de capacidad.
2- El estado civil no varía si una persona cae en incapacidad, no pudiendo en ese caso ejercer derechos ni contraer obligaciones.

El estado civil, como atributo de la personalidad, tiene las siguientes características:

1- Es uno e indivisible en lo que respecta a las relaciones de familia, filiación o matrimonio (no se puede ser soltero y casado a la vez, o padre e hijo), pero sí se puede tener varios estados que deriven de relaciones diferentes, las cuales dan origen al parentesco.
2- Todo lo relativo al estado civil es de orden público. No tiene cabida la voluntad, aunque el matrimonio es en sí un acto voluntario, sus efectos son regulados e impuestos por ley.
3- Es personalísimo, por lo que no se admite la representación legal sino sólo la voluntaria; las acciones para adquirirlo o protegerlo son estrictamente personales, por lo cual son intransferibles, intransmisibles e intransigibles (art. 2450 CC).
4- De él nacen derechos patrimoniales inherentes, como la inembargabilidad del usufructo del marido sobre los bienes de la mujer, ni el de padre o madre de familia sobre los bienes del hijo (art. 2466, inc. final CC).
5- Es imprescriptible (arts. 2468 y 320 CC).

Fuentes del estado civil.


Las fuentes del estado civil están constituidas por hechos jurídicos, actos jurídicos y sentencias judiciales.

1) Hechos jurídicos: Podemos señalar entre ellos el nacimiento, la edad y la muerte.

2) Actos jurídicos: Como el matrimonio y el reconocimiento voluntario de los hijos.

3) Sentencias judiciales: Encontramos la sentencia de nulidad del matrimonio, la sentencia que declara el divorcio y la de reconocimiento forzado de los hijos.

La familia y el parentesco.


Las relaciones de filiación y de matrimonio que sirven de base al estado civil dan origen al parentesco.

El Código no define el parentesco, pero puede entenderse por tal al vínculo o relación de familia que existe entre las personas. La familia, por su parte, es el conjunto de personas unidas por un lazo de parentesco o de matrimonio.

El parentesco puede ser de dos clases:

1) Por consanguinidad: Se produce cuando dos personas descienden una de otra o tienen un antepasado común.

2) Por afinidad: Es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer (art. 31, inc. 1º CC).

También en el parentesco por consanguinidad debemos distinguir entre la línea y el grado.

1) Línea: Es la serie de parientes que descienden unos de otros de un antepasado común (art. 27, inc. 2º CC). Puede ser línea recta (abuelo, padre, hijo, nieto) o colateral (hermano, tío, primo).

Art. 27, inc. 2º. Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal.

2) Grado: Es la distancia que existe entre dos parientes y se cuenta por el número de generaciones (art. 27, inc. 1º CC).

Art. 27, inc. 1º. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí.

Los grados de consanguinidad por grado se calculan de la siguiente manera: 1- En la línea recta padre e hijo son parientes en primer grado; el abuelo y el nieto son parientes en segundo grado.

2- En la línea colateral es necesario subir desde un pariente hasta el antepasado común, y desde él bajar hasta el otro. Expliquemos esto en el siguiente ejemplo:

Por su parte, en el parentesco por afinidad, la línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califican por la línea y el grado de consanguinidad de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, un varón está en primer grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos de su mujer (art. 31, inc. 2º CC).

Importancia del parentesco.


El parentesco tiene importancia en muchas instituciones jurídicas:

1- Los derechos y obligaciones que nacen entre los padres y los hijos (Título IX del Libro I del CC).
2- El deber de alimentos legales se debe al cónyuge o a los parientes en distinto grado (art. 321 números 1 a 4 CC).
3- Determina quienes son llamados a la guarda legítima de una persona (art. 367 CC).
4- En materia sucesoria, tratándose de la sucesión intestada, la ley estima que la afección del causante habría estado determinada por la mayor cercanía del parentesco y con este criterio establece los órdenes de sucesión.
5- En el matrimonio tiene importancia en cuanto al asenso que necesitan para contraerlo los menores de 18 años, el cual deberán otorgarla los parientes que señala el art. 107 del CC.
6- Constituye un impedimento dirimente para contraer matrimonio (art. 6º LMC). 7- Cualquier ascendiente o descendiente puede aceptar una donación por el
donatario (art. 1411 CC).
8- La nulidad del contrato de compraventa entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad (art. 1796).
9- La nulidad de las disposiciones testamentarias a favor de determinados parientes del notario o funcionario que autorice el testamento, o ciertos parientes de los testigos de los mismos, etc. (art. 1061).

El patrimonio.


Tradicionalmente se ha definido el patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de estimación pecuniaria.
Según la teoría clásica el patrimonio es un atributo distinto de la capacidad, por lo que le da el carácter de ser:

1- Único.
2- Inalienable.
3- Imprescriptible.
4- Inembargable.
5- intransmisible.

Desde otros puntos de vista el patrimonio es:

1- Una universalidad jurídica, es decir, que está compuesto por la totalidad de los bienes y obligaciones de la persona que es sujeto o titular.
2- Es independiente, o sea, el continente es distinto al contenido que lo compone.
3- Tiene un activo y un pasivo.
4- No necesita de un saldo positivo para existir: una persona tiene patrimonio aunque no tenga bienes.
5- Tiene su origen en la ley. La voluntad de los particulares no puede crear universalidades jurídicas.

Nuestro Código Civil no define ni trata de manera orgánica el patrimonio, pero existen disposiciones que se refieren a él:

1- Art. 85 que se refiere al patrimonio del desaparecido.
2- Art. 534 sobre el patrimonio el pupilo.
3- Art. 347 sobre la indivisión de patrimonios y de su división en las guardas. 4- Art. 1347 que se refiere a la confusión de patrimonios.
5- Arts. 1170 y 1172 hablan sobre el patrimonio del difunto.
6- Arts. 1114 y 1115 que distinguen entre el patrimonio y las cosas que existan en él.
7- Art. 1750 que dice que los bienes del marido y los bienes sociales forman un solo patrimonio respecto de terceros.

Sin embargo, la norma que establece con más claridad el concepto de patrimonio es el art. 549 del CC.

Art. 549. Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una corporación, no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria, si se estipula expresamente la solidaridad.

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.

Si una corporación no tiene existencia legal según el artículo 546, sus actos colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente.

Por tanto lo que se refiere este precepto es que si la corporación está constituida, es una persona jurídica, por lo cual tiene patrimonio propio y sus actos no afectan el patrimonio personal de los asociados. Si no lo está, los actos que realicen los asociados obligan sus patrimonios en forma solidaria.

El patrimonio también es el que regula y hace posible la responsabilidad del deudor en sus obligaciones civiles (art. 2465 CC, establece la prenda general de los acreedores).

Art. 2465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618.

Esto quiere decir que los acreedores podrán hacer valer sus créditos en los bienes que existan en el patrimonio del deudor al tiempo de exigirse el pago de la obligación. Es el patrimonio el que responde, pero no en lo que se refiere como atributo de la personalidad, sino en los bienes que contenga.

Los acreedores no pueden perseguir los bienes que ya salieron del patrimonio, con la excepción del ejercicio de la acción pauliana (art. 2468 CC), que estudiaremos más adelante.

Los créditos de los acreedores tampoco pueden hacerse valer en un patrimonio distinto. Así lo afirman las siguientes normas del CC:

1- En el patrimonio reservado de la mujer. El art. 150, incs. 6º y 8º señala que las obligaciones de la mujer en su patrimonio separado no obligarán el del marido y que los acreedores del marido no tendrán acción contra los bienes de la mujer, salvo que hayan obtenido beneficio de las obligaciones.

Lo mismo se aplica para la administración de los bienes separados de la mujer (arts. 166 y 167).

2- En el beneficio de inventario. El patrimonio personal del heredero no será responsable de las obligaciones hereditarias y testamentarias (arts. 1247 y 1263).

3- Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre, madre que lo tenga bajo su patria potestad, o por el curador adjunto, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial (art. 260). A la inversa, si los actos fueron celebrados fuera de su peculio profesional y fue autorizado por el padre o madre, obligarán directamente a éstos y subsidiariamente al hijo hasta la concurrencia del provecho que ha reportado (art. 261).

La responsabilidad del patrimonio se ejerce indistintamente sobre los bienes que éste contenga, no sobre bienes determinados, salvo si existe una garantía real, como una prenda o hipoteca.

Transmisibilidad del patrimonio: Dijimos recientemente que conforme a la teoría clásica el patrimonio es intransmisible. Sin embargo en nuestro derecho no es así. El art. 951 del CC dispone que se puede suceder a una persona a título universal, y se entiende por tal cuando la sucede en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos; luego el art. 1097 agrega que los asignatarios a título universal representan a la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.

Patrimonio de las personas jurídicas: El art. 545 del CC dispone que las personas jurídicas son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, y el art. 549 añade que lo que pertenece a una corporación no pertenece en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen, y a su vez éstos no son responsables de la deuda de la corporación.

Por tanto lo que nos quiere decir estas disposiciones es que las personas jurídicas tienen un patrimonio propio, distinto del patrimonio personal de los sujetos que la componen.

El patrimonio y la representación: La representación está tratada en el art. 1448 del CC, y se produce cuando una persona actúa jurídicamente a nombre de otra, estando autorizada para hacerlo, y los efectos del acto se radican, no en sí mismo, sino en el tercero. Esto quiere decir que si el representante actúa a nombre del representado, los efectos del acto van a radicar en ese último, por lo cual los acreedores no podrán perseguir sus créditos en el patrimonio del representante.

Características del patrimonio.


Las características del patrimonio son las siguientes:

a. Es una universalidad jurídica: Nos referimos a esta característica cuando hablamos del art. 549 y otras disposiciones del CC que señalan que contiene un conjunto de derechos y obligaciones sin especificación. Por eso, al referirse a la comunidad, el art. 2306 del CC dice expresamente que la herencia es una cosa universal.

b. Es intransferible: No hay precepto legal que lo establezca directamente, pero existen diversas disposiciones del CC que se refieren a la no comerciabilidad del patrimonio:

1- El art. 1407, que prohíbe las donaciones a título universal.
2- El art. 1811, que declara nula la venta de todos los bienes presentes o futuros de unos y otros.
3- El art. 2056, que prohíbe toda sociedad a título universal.

¿Qué ocurre entonces con la cesión del derecho de herencia, si ésta es una universalidad jurídica?

El Código Civil regula la cesión del derecho de herencia, pero eso no significa que sea una excepción a esta característica. Lo que ocurre es que no se está transfiriendo un patrimonio, sino que el derecho real de herencia que se encuentra incorporado en él y que recae sobre una universalidad jurídica.

c. Es inembargable: El art. 2465 del CC exceptúa a los bienes no embargables de aquellos sobre los cuales el acreedor puede perseguir el cumplimiento de sus obligaciones.

Además el art. 1618 Nº 9 establece que no son embargables aquellos derechos cuyo ejercicio es enteramente personal. Lo mismo repite el art. 445 Nº 15 del CPC.

d. Es imprescriptible: No puede adquirirse ni extinguirse por prescripción.

El art. 2498 del CC establece que se puede adquirir por prescripción el dominio de las cosas que están en el comercio humano, lo cual también ratifica el art. 2510 sobre la prescripción adquisitiva extraordinaria de las cosas comerciales. Tampoco puede extinguirse ya que para ese caso requiere la prescripción adquisitiva del derecho (art. 2517).

e. Es unitario: Significa que cada persona es y debe ser titular de un patrimonio, único e indivisible, lo cual también se le denomina patrimonio personal u originario.

Sin embargo esto no obsta a que cierto conjunto de bienes dentro de un patrimonio puedan estar afectos a ciertos fines u obligaciones especiales, lo que

así ocurre con el beneficio de inventario, que si bien no consiste en una dualidad de patrimonios, es una limitación de responsabilidad.

Pero también existe la situación de los patrimonios fraccionados. Es lo que ocurre con el peculio profesional o industrial del hijo y los bienes separados y el patrimonio reservado de la mujer casada.

Los derechos de la personalidad.


Los derechos de la personalidad son aquellos esenciales o absolutos que pueden ejercerse eventualmente y están destinados a proteger elementos que la constituyen, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

En realidad estos derechos no tienen directamente un interés pecuniario, por lo que comúnmente se denominan extrapatrimoniales, pero ello no significa que no puedan llegar a tener una valorización económica, porque en caso contrario no tendría sentido su protección jurídica.

Los derechos de la personalidad se pueden agrupar en categorías muy genéricas, pero es imposible hacer una enumeración taxativa de ellos. Veamos cuáles son las principales clases de estos derechos:

a. Derechos a la individualidad: La individualidad comprende:

1) El derecho a la integridad física: Implica la protección de la vida y de la integridad corporal.

2) El derecho a la libertad: Implica la protección de la libertad personal y de la seguridad individual, los derechos de reunión y asociación, a la libertad de expresión, el derecho de residir y trasladarse, el derecho y la libertad de trabajo.

3) El derecho a la intimidad privada: Significa el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada y el derecho al secreto.

b. Derechos de la personalidad civil: Consisten especialmente en el derecho al nombre, al estado civil y a la propia imagen.

c. Derechos a la personalidad moral: La protección de la personalidad moral implica la protección de su honor, de su reputación e incluso de sus sentimientos de afección.

Personas Naturales

Personas Naturales

De las personas naturales.


Principio de la existencia de las personas.


En primer término son personas los hombres, el ser humano. El Código Civil las define en el art. 55.

Art. 55. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros.

A los hombres los designamos personas naturales para diferenciarlos de las personas jurídicas.

El principio o inicio de la personalidad natural lo constituye el nacimiento, y así lo dispone el art. 74 del CC.

Art. 74. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.

Por lo tanto, para que el nacimiento constituya un principio de existencia se requiere:

1- Que la criatura haya sido totalmente separada de su madre, esto es, cortándole el cordón umbilical.
2- Que haya sobrevivido a la separación un momento siquiera.

Aunque es el nacimiento lo que constituye el principio de existencia de las personas, nuestra ley protege la vida del que está por nacer (art. 75).

Art. 75. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.

Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento.

El art. 76 establece que a la fecha del nacimiento se colige la época de la concepción, pero como ésta resulta ser un hecho cuyo momento es muy difícil de determinar, el inc. 2º contiene una presunción de derecho. Esta presunción consiste en que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días fatales, y no más que 300, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.

En cuanto a los derechos del nasciturus, mientras permanezca en el vientre de su madre, estarán suspendidos hasta que el nacimiento se efectúe. Una vez que éste se produzca, la criatura entrará en el goce de dichos derechos, como si hubiere existido al tiempo en que se le defirieron, conforme lo dispone el art. 77.

Se relacionan a esta materia las siguientes disposiciones:

1- Art. 962 del CC que hace válidas las asignaciones hechas a personas que existen al tiempo de abrirse la sucesión, pero se espera que existan.
2- Arts. 485 y ss. del CC que disponen que, a falta de patria potestad de padre o madre, se nombrará un curador de bienes para los derechos eventuales del que está por nacer.

La muerte natural.


La muerte implica el fin de la existencia de la persona natural, y así lo afirma el art. 78 del CC.

Art. 78. La persona termina en la muerte natural.

Muerte clínica: Es un estado en que se conservan algunas funciones vitales, especialmente vegetativas, que se mantienen, por lo general, en forma artificial, pero, no obstante ellas, el individuo ha perdido toda conciencia o proceso intelectual.

La muerte, a pesar de ser un hecho, produce consecuencias de derecho, para lo cual será necesario determinar la fecha de muerte, que será la que indique la inscripción respectiva en el Registro de Defunciones del Registro Civil.

El art. 79 se refiere a la situación de los comurientes, la cual consiste en que dos o más personas fallecen en un mismo acontecimiento y no se sabe el orden de sus fallecimientos. En este caso, dice la norma, se procederá como si todos hubieren fallecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiere sobrevivido a las otras.


Efectos de la muerte


La muerte puede producir efectos en diversos ámbitos en materia civil.

1- Se produce la apertura de la sucesión de los bienes de una persona (art. 955 CC); se defieren las asignaciones hereditarias o testamentarias, excepto las condicionales (art. 956).
2- El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges (art. 42 LMC).
3- Determina la extinción de los derechos intransmisibles, como el derecho de
pedir alimentos (art. 334); la expectativa del fideicomisario (art. 762); los derechos de usufructo, uso y habitación (arts. 773 y 812); la expectativa de una asignación testamentaria condicional (art. 1078), la solidaridad de una obligación no pasa individualmente a los herederos de los deudores solidarios (art. 1523).
4- Es causal de extinción de algunos contratos, como el de confección de obra material (art. 2005); el de sociedad (art. 2103); el de mandato (art. 2163); el de comodato (art. 2180); el de renta vitalicia (arts. 2264 y 2274).
5- La oferta se extingue por la muerte del proponente (art. 101 C. de Comercio).
6- Se produce la emancipación legal de los hijos por la muerte del padre o madre, a menos que corresponda ejercitar la patria potestad al otro (art. 270).
7- Se pone término a algunas instituciones, como las guardas (art. 531); el albaceazgo (art. 1279).
8- Se extinguen determinadas acciones civiles, como la acción de nulidad del matrimonio (art. 47 LMC); la acción de divorcio (art. 56 LMC).

La muerte presunta.


La muerte presunta consiste en la desaparición de una persona de quien no se tienen noticias, cumpliéndose los demás requisitos legales.

Entonces, para que se presuma la muerte de una persona, es necesario:

1- Que haya desaparecido de su domicilio.
2- Que no se tengan noticias de ella.
3- Que haya transcurrido un espacio de tiempo.
4- Que sea declarada judicialmente.

La finalidad de regular la muerte presunta es la de cautelar los intereses del mismo ausente mientras no se otorgue la posesión definitiva de sus bienes; los intereses de sus presuntos herederos; el interés de sus acreedores y el interés social involucrado en la certidumbre y actividad de un patrimonio.

En la muerte presunta se distinguen en general tres períodos:


1- El de mera ausencia.
2- El de posesión provisoria.
3- El de posesión definitiva.


Período de mera ausencia.


El período de mera ausencia comienza desde que han dejado de tenerse noticias del ausente. Se busca proteger los derechos de éste, para lo cual se tiende a la administración de sus bienes, por lo que aquí entramos a distinguir si ha o no ha dejado apoderados o representantes con poder suficiente:

1) Si ha dejado apoderados: Ellos administran los bienes y no se adoptará medida especial alguna.

2) Si no existen representantes: Se procede nombrar a un curador de bienes en conformidad a los arts. 473 y ss. del CC.

Duración del período de mera ausencia: La regla general es que su duración sea de cinco años, pero existen dos reglas especiales:

1- Si la desaparición se produjo en un sismo o catástrofe, durará un año (art. 81 Nº 9 CC).
2- Si provino de la pérdida de una nave o aeronave, durará seis meses (art. 81 Nº 8).

En estos dos casos especiales no existirá el período de posesión provisoria, por lo que se pasa inmediatamente al de posesión definitiva. Lo mismo se aplica cuando la persona recibió una herida grave en la guerra o le sucedió otro peligro semejante (art. 81 Nº 7).

Requisitos para declarar la muerte presunta.


Para que se declare la muerte presunta es indispensable que:

1- Que se pruebe la ausencia, demostrando el hecho de no recibirse noticias del desaparecido (art. 81 Nº 1).
2- La citación del desaparecido, la que se efectuará por tres publicaciones en el Diario Oficial (art. 81 Nº 2).
3- Que se oiga al Defensor de ausentes (art. 81 Nº 4).
4- Que hayan transcurrido los plazos que la ley señala. Además, la persona que tenga interés en la declaración no puede pedirla sino transcurridos a lo menos tres meses desde la última citación (art. 81 Nº 3).
5- La sentencia debe publicarse en el Diario Oficial (art. 81 Nº 5).

La sentencia debe contener necesariamente el día presuntivo de la muerte, que será el último del primer bienio (dos años) contado desde la fecha de las últimas noticias. Sin embargo existen dos excepciones:

1- Si el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante, el día presuntivo de la muerte será el de la acción de guerra o peligro, o bien un término medio entre el principio y fin de la época en que ocurrió el suceso. Lo mismo se aplica en los casos de pérdida de una nave o aeronave.

2- Si el desaparecimiento se produjo por la ocurrencia de un sismo, catástrofe o fenómeno natural, el día presuntivo será la fecha de tal evento que el juez fije.

El decreto de posesión provisoria.


Salvo en los casos de los números 7, 8 y 9 del art. 81, se procede a la etapa de la posesión provisoria, cuyo decreto produce los siguientes efectos:

1- Pone término a la sociedad conyugal o al régimen de participación en los gananciales (arts. 84, 1764 Nº 2 y 1792-27 Nº 2 CC).
2- Se produce la emancipación legal de los hijos, salvo que el que ejerza la patria potestad no sea el desaparecido (art. 270 Nº 2).
3- Se abre la sucesión del desaparecido a favor de los herederos presuntivos15 (arts. 84, 955 y 1240 CC).

El decreto de posesión provisoria termina:


1- Por la reaparición del desaparecido.
2- Por el decreto de posesión definitiva.

El decreto de posesión definitiva.


El decreto de posesión definitiva se concede:

1- Sin pasar por la etapa de la posesión provisoria en los casos que ya hemos analizado.
2- Si pasados los cinco años desde las últimas noticias se prueba que han transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido.
3- Cuando han transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que sea la edad del desaparecido.

Efectos de la posesión definitiva:


1- Se disuelve el matrimonio (art. 42 Nº 2 de la LMC), pero cumpliéndose los requisitos del art. 43 de la LMC.
2- Todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido podrán hacerlos valer, como el legatario (art. 91 CC).
3- Si no ha precedido el decreto de posesión provisoria, se abre la sucesión del desaparecido (art. 90, inc. 3º CC).
4- Se cancelan las cauciones constituidas por los herederos provisorios y cesan las restricciones impuestas a ellos en el art. 88 (art. 90, incs. 1º y 2º CC).
5- Se procede a la partición de los bienes.

Revocación del decreto de posesión definitiva: El art. 93 del CC dispone que el decreto de posesión definitiva puede rescindirse a favor de las siguientes personas:

1- Del desparecido si reaparece, y podrá pedirse en cualquier tiempo conforme al art. 94 Nº 1.
2- De sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento.
3- De su cónyuge por matrimonio contraído durante la época de la desaparición.

Una vez decretada la revocación, los herederos presuntivos deben restituir los bienes en el estado en que se hallaren y serán considerados poseedores de buena fe, por lo que no tienen ninguna responsabilidad y no deben devolver el valor de las enajenaciones efectuadas (art. 94 números 4 y 5).

Respecto a los terceros, el reaparecido no tendrá acciones contra ellos, por lo que las enajenaciones efectuadas a su favor continuarán firme (art. 94 Nº 4).

Finalmente, el Nº 6 del art. 94 define la mala fe en materia de muerte presunta, y consiste en el saber y ocultar la verdadera muerte del desaparecido.